Metrobús inexistente sigue causando gastos al Estado

Del proyecto metrobús solo existen estructuras inservibles, pero el MOPC paga por fiscalización de esas “obras”; también a una consultora contratada a inicios de 2018 –cuando el proyecto ya tambaleaba– y todavía “negocia” por unos US$ 18 millones que reclama Mota Engil, pese a no terminar el proyecto.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reveló ayer que la consultora que le asesora en la “negociación” de cierre de contrato con la firma Mota Engil, que no concluyó con el proyecto metrobús, es la misma contratada por la administración anterior para el “Apoyo Técnico Especializado y Fiduciario”, por un monto de unos US$ 6 millones, cuyo objetivo era el de “administración adecuada y oportuna de los problemas detectados” dentro del proyecto, según el contrato.

Se trata del consorcio francés Louis Berger SAS y Systra, contratado, paradójicamente, para funciones de “fortalecimiento institucional, gestión fiduciaria y monitoreo del programa, para garantizar el cumplimiento íntegro de los resultados específicos a cada componente y realizar todas las actividades relacionadas a la contratación, seguimiento y control de calidad”, de acuerdo a lo que dice el acuerdo al definir una de las funciones de la consultora. Aunque las obras del proyecto metrobús se iniciaron en 2016, el contrato con la consultora fue firmado recién el 27 de febrero de 2018.

Es decir, la misma consultora que debió alertar al MOPC sobre los posibles problemas que se podrían dar durante la ejecución del proyecto (y que de hecho se dieron), es la misma que ahora está asesorando a la cartera en una “negociación” con la empresa que no terminó el proyecto a su cargo, y de cuyas falencias ya advirtieron profesionales de la construcción, frentistas y medios de comunicación.

Según lo mencionado ayer por Óscar Stark, encargado de monitoreo del Proyecto Metrobús, tras la suspensión de la obra se solicitó asistencia al consorcio con respecto a los reclamos de Mota Engil, por lo que actualmente el grupo francés asesora al MOPC en la negociación para el cierre del contrato con la empresa portuguesa para evitar ir a arbitraje internacional.

Por otro lado, la cartera sigue pagando a la fiscalizadora Consorcio Typsa- Incosa-Ingenec, pero por certificados correspondientes a obras del año pasado, según alegó Stark.

“Solo se les paga por obras que hicieron y que fueron fiscalizadas”, indicó, aunque no dio detalles acerca de cuánto se pagó hasta el momento por esos trabajos.

Por otro lado, Stark dijo que las negociaciones con Mota Engil, que reclama US$ 18 millones por “incumplimientos” del MOPC, está en manos de la Procuraduría y que el objetivo es resguardar los intereses del Estado.

Intentamos tener más detalles sobre dicha negociación, pero el procurador general de la República, Sergio Coscia, no respondió a nuestras llamadas hasta el cierre de esta edición, aunque anteriormente afirmó que lo haría.

Hasta el momento, el MOPC pagó a la firma Mota Engil US$ 22 millones por certificados de obra y otros US$ 6 millones por anticipo, según los datos.